Financiación de proyectos de reducción de la huella de carbono en los sectores difusos.

A diferencia de las actividades obligadas al comercio de derechos de emisión por la Ley 1/2005 (sectores regulados: sector eléctrico, cemento, vidrio, refino de petróleo), en los sectores difusos (sector servicios, otras industrias y agricultura), los esfuerzos en reducción de emisiones son totalmente voluntarios. No obstante, a corto y medio plazo la economía baja en carbono puede ir introduciéndose en forma de nuevas obligaciones legales. Para estos sectores difusos, que representan el 60% de las emisiones totales, el paquete energía y cambio climático fija para 2020 un objetivo que han de cumplir los países miembros de reducción del 10% del conjunto de las emisiones respecto a las de 2005.


Independientemente de obligaciones legales que puedan ir surgiendo, se van a encontrar con la exigencia creciente de los mercados, consumidores y sociedad en general que les reclamarán esfuerzos voluntarios en reducción de emisiones por instalación o por unidad de producto. Estos esfuerzos para los que previamente se ha de realizar la contabilidad de las emisiones o huella de carbono es ya una ventaja competitiva en muchos mercados europeos.

Los sectores difusos representan la mayor parte de las emisiones del país y de cualquier región y ciudad. De los 355,9 millones de toneladas de CO2 equivalente que emitió España en 2011, solo 132,6 correspondieron a las empresas obligadas al comercio de derechos y 223,3 a los sectores difusos. Entre los sectores difusos destaca el sector servicios y dentro de éste el subsector del transporte, que supone el 25,68% de las emisiones totales del país y en los sectores regulados, las industrias del sector energético que representan el 20,34%. La mayor parte de la producción de electricidad, a su vez, es consumida por los sectores difusos.

Para cumplir con los compromisos internacionales (las cuentas del cumplimiento del Protocolo de Kioto se han de entregar en 2014) la administración del Estado ha destinado ya importantes sumas de dinero a la compra de créditos de carbono en otros países. Durante los últimos 5 años se adquirieron 89 toneladas (750 millones de euros).
En este marco es de interés señalar que el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, crea un fondo que permite la compra de créditos de carbono generados por reducción de emisiones de sectores difusos en el territorio nacional.
En desarrollo del mandato contenido en la Ley de economía sostenible, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1494/2011. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 destinaron una partida de 4,25 millones de euros para la compra por parte del Ministerio de reducciones verificadas de emisiones que resulten del desarrollo de proyectos en el territorio nacional.

Gracias a la habilitación legal de la Ley de economía sostenible y el Real Decreto 1494/2011, la convocatoria pública de proyectos lanzada, con carácter experimental con el capital disponible del fondo para 2012, por el Ministerio para la compra de créditos de carbono ha supuesto la adquisición de un millón de toneladas de CO2 o créditos de carbono


http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/Con2012_proy_clima_piloto.aspx

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Se crea con este fondo una vía de enorme interés para fomentar la reducción de emisiones en actividades pertenecientes al sector difuso en nuestro país. En los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se han fijado para este concepto 10 millones de euros. Es previsible el incremento en otros 50 millones de euros como consecuencia de asignación al Fondo de Carbono de una parte de los recursos conseguidos con el sistema de subasta de derechos de emisión al que esta obligado el sector eléctrico desde 2013.

Esta figura de la adquisición estatal de reducciones de emisiones conseguidas con proyectos desarrollados en España, puede ser un instrumento de interés para incentivar la economía baja en carbono entre los sectores difusos y sobre todo para el ahorro en la factura de adquisición de créditos de carbono en el extranjero.

Para el postKioto es conocida la intención del Ministerio de reducir al máximo los recursos económicos que el Gobierno destina a la compra de créditos de carbono en otros países. Estos recursos si se utilizan, a través del Fondo de Carbono, en la financiación de proyectos de reducción de emisiones crearían puestos de trabajo y facilitaría la introducción de tecnologías bajas en carbono generando riqueza y Know How.